La reforma establece que
el Tribunal Superior de Cuentas es
el ente encargado de la auditoría de fondos públicos manejados por los servidores
públicos, diputados al Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´s), fundaciones y
en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título
reciban o administren fondos públicos.
Teniendo como fundamento jurídico
la reforma hecha a la Ley Orgánica del Presupuesto en un fallo judicial una
juez de la Corte Suprema de Honduras otorgo la libertad a cinco diputados que
fueron demandados por una dependencia del Ministerio Publico. Esto molesto a
los máximos dirigentes de la Misión de
Apoyo Contra la Impunidad y la
Corrupción (MACICH, que denunció ante los medios de comunicación.
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